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¿Cuántas denuncias necesitan para que no nos maten más? – Revista Furias
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¿Cuántas denuncias necesitan para que no nos maten más?

Paren de matarnos. Por favor #justiciaporursula

¿Cuántas denuncias necesitan para que no nos maten más?

Por Cristina López

La última denuncia que llegó a hacer Úrsula Bahillo, fue tres días antes de su muerte. El viernes 5 de febrero del 2021, la joven de 18 años había ido una vez más a la comisaría local de Rojas para denunciar que su ex novio no estaba cumpliendo con las medidas de restricción dispuestas. 

El lunes 8 de febrero, el mismo día que se cometería el femicidio, el juez de paz de la Ciudad Bonaerense de Rojas, Luciano Callegari, dispuso que se le otorgara finalmente un botón antipánico a Úrsula, que lo había solicitado en reiteradas ocasiones. Según dijo el juez, antes no había botones disponibles en la ciudad. Callegari había establecido medidas de restricción de urgencia, pero la ex pareja de Úrsula no las respetaba y nadie controlaba que se cumplieran. Matías Ezequiel Martínez (25) no sólo le mandaba mensajes a Úrsula desde distintas redes sociales y bajo diversos nombres, también la llamaba a su celular y se le acercaba para amenazarla por las denuncias que estaba realizando contra él. “Úrsula dio miles de alertas para que la protegieran, pero la policía y la justicia minimizaron lo que estaba pasando”, observa Laura Oszust, integrante del equipo de comunicación del Observatorio de Mujeres “Ahora que si nos ven”.

El femicidio de Úrsula no se trata de un caso al azar. Según los datos registrados desde el Observatorio, hubo 118 femicidios en lo que va del año, al día 30 de junio. En diez de ellos el femicida era un miembro de las fuerzas policiales y en un 28% los agresores eran ex parejas de sus víctimas. En relación a esto, Oszust reflexiona: “La violencia machista se da porque existe una desigualdad de poder entre el varón y la mujer. Si el agresor pertenece a una fuerza de seguridad, esa desigualdad se acrecienta”. La abogada de la defensoria del pueblo y directora general de las políticas de igualdad, Alejandra López, cree que son varias las acciones que se podrían haber tomado para evitar la muerte de Úrsula, como la exigencia de custodia, la disposición de un botón antipánico y el aviso a las autoridades de asuntos internos.

Pese a las dieciocho denuncias que Úrsula y su madre habían hecho contra Martínez -que estaba bajo licencia psiquiátrica desde septiembre del 2020-, esto no evitó que se acercara a ella. No se trataba de la primera mujer que denunciaba a su agresor, una ex pareja, Belén Miranda, había confesado que la amenazaba con su arma y que se había violentado contra su hijo por el simple hecho de hacerse pis en la cama. Úrsula había recurrido a pedirle ayuda a Belén, que según contó al enterarse del triste final de Úrsula, le había dado la compañía que necesitaba para poder denunciar al mismo agresor.

El mismo día que Úrsula fue asesinada, su ex novio había sido notificado de la restricción de acercamiento con un radio de exclusión de 200 metros, pero aún así, se encontraría con ella unas horas después. “Úrsula fue violentada por su femicida, pero también por las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Si hubieran actuado desde el primer momento controlando que Martínez cumpla la restricción de acercamiento, posiblemente hoy estaría con nosotros”, asegura Oszust. En este punto concuerda el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, que en marzo exigió junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), que se someta a juicio político al juez de paz. Lorenzino asegura que la respuesta judicial fue negligente y lenta por parte de Callegari y de los fiscales: “El no haber pedido un informe, no haberse contactado con el Ministerio de Seguridad y con el área de asuntos internos, no haber tomado seriamente las denuncias de Úrsula”. 

Durante ese lunes, Martínez se reunió con Úrsula y la llevó en su Peugeot 407, a unos 13 kilómetros de Rojas. Alrededor de las 20.30 horas la asesinó a la altura de Guido Spano, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que Martínez describió a su tío materno, a través de un llamado telefónico, como haberse mandado “una cagada”, a Úrsula le había costado la vida. Gracias a esa llamada, su tío pudo llamar al 911 para acusar a su sobrino, que creía que había matado a una joven. Martínez fue encontrado a un kilómetro de Úrsula. Se encontraba con el abdomen lastimado después de clavarse el mismo cuchillo con el que la había asesinado. Intentó huir a pie, pero los policías llegaron a capturarlo.

El techo de cristal que limita a las mujeres y otras feminidades a tener igualdad de derechos, no solo se refleja en las fuerzas policiales. Un rol muy importante también lo cumple el Estado que toma las decisiones a través de sus tres poderes. El mapa de género hecho en el 2019 por la Corte Suprema de Justicia, detalla que si bien el sistema de justicia está formado en un 56% por mujeres: su participación disminuye en las posiciones superiores. “Esta no presencia de mujeres y personas trans, incide e impacta en todas las medidas que se toman a nivel judicial”, explica Oszust. A pesar de la existencia de la ley dispuesta en el año 2018, la “Ley Micaela”, que exige que todas las personas que integren los tres poderes del Estado se capaciten en género y violencia contra las mujeres, existe una clara resistencia por parte de los miembros pertenecientes al poder. “Es una resistencia a perder privilegios. Implicaría cuestionar muchas prácticas al interior, abandonar estructuras históricas y posturas históricas que son violentas”, concluye Laura Oszust.

La ausencia de perspectiva de género en el sistema judicial se ve en la cantidad de casos de mujeres violentadas que son archivados todos los días. En vez de tener como primordial el lugar de vulnerabilidad en el que se encuentra una mujer que finalmente, toma las fuerzas necesarias para salir de ese círculo y denunciar a su agresor, siempre se pone en tela de juicio su testimonio: “Creemos que, si la perspectiva de género los atravesara a jueces y fiscales, este tipo de caso se pueden evitar. Hay muchos elementos a la vista para poder accionar”, determina el defensor del pueblo. Un claro ejemplo quedó reflejado hace poco tiempo con el juez de Santa Fe, Rodolfo Mingarini, que dejó en libertad a un hombre que había abusado sexualmente de una mujer. Con la justificación de que había usado un preservativo: “No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima”, detalló el juez durante una audiencia. Este fallo como tantos otros, señala Laura Oszust, son un claro producto de un pensamiento machista y con una observable falta de perspectiva de género. Oszust cree que el juez Mingarini, no entiende que para someter e infundir miedo a una mujer, no hace falta que la tenga atada, ni inmovilizada. Se trata de muchos casos en los que las víctimas no son escuchadas porque son parte de supuestos machistas.

Después de miles de mensajes que enviaba a sus amigas temiendo por su vida, dieciocho denuncias realizadas en la comisaría, exigir varias veces por un botón antipánico, por el cumplimiento de las restricciones dispuestas y acudir a pedirle ayuda a otra ex pareja de su agresor; Úrsula se convirtió en otra víctima más de un hombre privilegiado por las instituciones históricamente patriarcales.

Ilustración: camialdabe.art

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info@revistafurias.com

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