Entrevista a Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)

Por Analía Daniela López

Uruguay se pone a la vanguardia en el hemisferio sur del continente con los casi tres años desde que se sancionó la ley Nº 18.987 de despenalización del aborto, sin embargo, la normativa no está desprovista de ataques: un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo restringió su implementación. Para interiorizarnos sobre la situación real de Uruguay vs. lo que nos llega desde la prensa, entrevistamos a Lilián Abracinskas, directora de MYSU, organización que jugó y juega un rol fundamental en todo lo referente al aborto.

¿Cómo se avanzó una vez sancionada la ley de aborto?

MYSU fue una de las organizaciones críticas del texto de la ley y de la negociación parlamentaria. Entendemos que el avance más importante es justamente poder tener servicios legales de aborto dentro del sistema nacional integrado de salud tanto en el subsistema público como mutual, además de la voluntad política de implementar aceleradamente estos servicios. La ley fue aprobada en octubre de 2012 y en diciembre se pusieron en funcionamiento estos servicios dentro de los esquemas de salud sexual y reproductiva que se incorporaron al sistema en el año 2010, en ese sentido se restablecía aquello que se había perdido en el 2008 con el veto de Tabaré Vázquez a todos los capítulos de aborto de la Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva.

¿Qué ocurre actualmente?

Lo más importante de la ley es tratar de dar respuesta a las mujeres que están transitando por embarazos no buscados o no deseados, a pesar de que el trámite administrativo es muy engorroso y que ahora es más estricto con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque el decreto reglamentario de implementación de los servicios había flexibilizado algunos planteos de la ley para adecuarlo a las instituciones de salud y a la disponibilidad de los recursos humanos. La demanda presentada por 20 profesionales es una nueva estratagema de los grupos contrarios al aborto legal para obstaculizar la implementación.

Como consecuencia del fallo, ahora el equipo interdisciplinario (ginecólogo, psicólogo y asistente social) que debía actuar conjuntamente, post fallo también debe hacerlo consecutivamente, lo que hace inviable poder disponer de un servicio las 24 horas para dar respuesta a otra condición que pone la ley: que una mujer que consulte tiene un día y medio para tener acceso al equipo interdisciplinario.

El fallo lo que dice es que el decreto reglamentario no puede excederse a los límites que establece la ley. Y ahí volvemos al problema originario, la ley es horrible y cualquier intento de mejorarla por la reglamentación va a ser casi imposible.

¿Qué rol cumplió MYSU en esta problemática?

MYSU fue la organización que detectó el 100% de profesionales objetores en Salto al momento de implementación de la ley en el 2013 y esto sólo se ha podido subsanar en la actualidad enviando a una ginecóloga una vez por semana. Ante esta situación optamos por ver qué pasaba en el resto de los departamentos del litoral del país. Hicimos el monitoreo en Paysandú, Río Negro y Soriano, y ahí también encontramos una situación muy preocupante. Paysandú tiene más del 80% de objetores de conciencia, en concreto sólo hay dos profesionales que implementan la ley; en Río Negro hay 40% de profesionales pero tienen dos ciudades importantes: Young con 100% de objetores por lo que las mujeres deben ser trasladadas a Fray Bentos; y lo que respecta a Soriano, su capital Mercedes tiene también 100% de objetores.

¿Qué dicen los profesionales para hacer uso de la objeción?

Hablando con esxs profesionales detectamos que hay un uso abusivo del recurso de objeción, no es estrictamente por razones religiosas o filosóficas, dado que estos profesionales no tienen ningún problema en que las parteras o los médicos de familia prescriban misoprostol. Ellxs están en contra de ser los únicos que lo hagan, primero porque su formación de grado no está adecuada a hacer asesoramiento y capacitación; sumado que en el tiempo que están en los servicios dejan de hacer cesáreas, laparoscopia y partos a elección que en este país tienen valor comercial. Ellxs dicen: no me voy a meter en una práctica que históricamente ha sido desprestigiada para la ginecología y no de carrera académica ni ingresos, por lo que prefieren hacer uso de la objeción de conciencia.

¿Se difunde la ley?

En MYSU vimos que no hay una buena difusión de la ley y de los servicios creados a la comunidad, constatamos que aún la situación estigmatizante de las mujeres que abortan y de los profesionales que realizan el servicio es enorme, más en el interior del país que es mucho más conservador, por lo que la gente vive con el miedo a los juicios sociales. Los servicios están pero las organizaciones que los tienen no los promueven ni los difunden. Al faltar voluntad política para implementar los servicios, los servicios se caen.

La izquierda se ha comportado de forma muy culpógena con esta ley, no sale a defenderla, sino que la lógica ha sido tratemos de hacer esto de la forma más callada posible, no da el debate ideológico en relación a los asuntos que tienen que ver con la conciencia que debe fomentarse en la práctica profesional y no se han apropiado del tema como algo a batallar… y además Tabaré Vázquez ha vuelto a la presidencia del país.

Las organizaciones sociales no podemos descansar ni un minuto, los grupos anti derechos no se cansan nunca, no dejan ninguna fisura por donde meterse y esto es lo que están haciendo, ante una actitud muy culpógena de las propias fuerzas políticas.

¿Hay cifras oficiales sobre el aborto en Uruguay?

Hay cifras oficiales, lo que no podes es acceder a los microdatos. Son cifras oficiales que el ministerio de la administración anterior transmitió en un powerpoint.

En su momento fuimos prudentes en no transmitir las dificultades hacía afuera porque necesitábamos el impulso en la región de mostrar que se pueden cambiar las cosas. Mas cuando tenes la situación de Chile, Perú, México; el problema es que se creyeron que acá estaba todo bien, eso vendieron para afuera y continúan diciendo que no hay problemas.

El Ministerio de Salud después de que salió el fallo del TCA salió a decir que iba a solicitarle a las instituciones de salud la lista de objetores porque no la tiene. Leonel Briozzo -ex subsecretario de Salud Pública- dio un 30% de objetores de conciencia, que había 8500 abortos legales y que ya no había ningún aborto clandestino en el país; el problema es que el Ministerio de Salud no sabe de dónde salieron esas cifras.

La administración anterior quiso que en un año se implementaran estos servicios, por eso puso como única opción el aborto por medicamentos pensando que con eso superaba la barrera de resistencia de lxs ginecólogxs -cosa que no logró-, pero eso fue en detrimento de que las mujeres puedan elegir si quieren aborto por medicamento o si quieren aborto quirúrgico.

Los equipos que dan los servicios hacen lo imposible por defender a las mujeres pero también empiezan a sentir el peso, nadie quiere ser solo aborterx. El sistema tiene que resolver que esto sea universal y generalizado. La sociedad de medicina familiar y comunitaria sacó un comunicado para decir que 400 de sus profesionales podrían prescribir al aborto por medicamento, pero la ley dice que solo puede ser un médicx ginecólogx y para eso hay que reescribir la reglamentación.

¿MYSU ofrece asesoramiento?

MySU no tiene servicio directo, lo que tenemos es una comunicación telefónica casi permanente con muchas personas que se acercan a los servicios y encuentran problemas. Mujeres a las cuales no les funciona el misoprostol y se pasaron de las 12 semanas y 6 días, y la respuesta que obtienen del sistema es lamentamos mucho usted ahora tendrá la estrategia de reducción de riesgos y daños, esto quiere decir que te informan cuáles son los riesgos de ir al circuito clandestino o la alternativa de continuar con el embarazo. Hemos tenido mujeres denunciando mala praxis, mujeres que le dijeron en la primera ecografía que no estaban embarazadas…

Aunque el aborto siga vigente en el Código Penal Uruguayo como un delito (art. 325 y 325 bis)* y la nota sea crítica sobre la implementación del servicio, eso no quita que están en el buen camino, tienen una ley que lxs avala y muchxs profesionales dispuestos a defenderla, a pesar de ese alto porcentaje de objetorxs de conciencia en un país laico. Por último, las palabras finales de Lilián “nosotrxs sabíamos que la ley era el comienzo de una nueva fase y que los riesgos de la implementación eran previsibles“, por eso están dando batalla, con el cuerpo y con la mente.

* Ley Nº 18.987 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Artículo 2º. (Despenalización).- La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez.

Herramienta úti de MYSUl: SexualidAPP 

Aplicación gratuita para el dispositivo móvil. Tiene el listado y mapeo de los centros de salud públicos que brindan servicios de aborto legal en todo el territorio uruguayo. La aplicación también contiene información referente al procedimiento para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a las prestaciones en Anticoncepción, en servicios para Adolescentes y un glosario de términos útiles. La aplicación cuenta con una sección especial para hacer llegar comentarios sobre la atención recibida, relatos sobre experiencias personales u otro tipo de información.

Dossier Completo:

El aborto en Nuestra América

Las luchas comienzan en las calles

Las #3causales